BRASÍLIA - El Ministerio Público en el Tribunal Federal de Cuentas (MP-TCU) presentó una representación ante el tribunal para pedir la suspensión del programa que el gobierno federal pretende crear para ofrecer un "carretero de asignación", con una transferencia mensual de Rs $ 1,000 para diciembre de este año.El vicefiscal general Lucas Rocha Furtado, autor de la solicitud, solicita que, como principio de precaución, se impida al gobierno de Bolsonaro crear el programa, hasta que el TCU se pronuncie definitivamente al respecto.La solicitud se basa en un informe publicado por Estadão, que reveló que el gobierno actualmente no tiene ninguna base de datos sólida y consolidada para definir qué camionero, después de todo, podría recibir las tarifas mensuales.Como mostró el informe, el gobierno pretende basarse en un registro genérico de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) que incluso incluye registros de vehículos más pequeños, como kombi y camioneta, lo que podría abrir espacio para una serie de fraudes.Sucede que el Registro Nacional de Transportistas de Carga por Carretera (RNTRC), creado por ley en 2007, sólo pretende ser una referencia sobre la estructura de transporte nacional en operación en el país, es decir, basar el gobierno en la capacidad promedio. de las mercancías que circulan por las carreteras.Los datos no son actualizados por la agencia desde 2017 y no requieren revalidación por parte de los conductores que se encuentran en actividad.El registro en el sistema se realiza a través de Internet por el propio trabajador, oa través de los sindicatos que representan al camionero, sin requerir información detallada y sin monitorear sus servicios.En la práctica, existe una gran posibilidad de que miles de personas que tienen datos activos en el registro incluso hayan dejado la actividad hace años.Por otro lado, puede haber profesionales que hayan comenzado recientemente a trabajar con el transporte de carga, pero aún no se hayan dado de alta.“Llama la atención la completa desconexión entre el gasto ahora denunciado y los principios de eficiencia y motivación. ¿Cómo aceptar un gran gasto sin al menos una base de datos confiable y actualizada? ¿Cómo aceptar un alto gasto en un año electoral en un supuesto intento de obtener ventajas en la campaña presidencial?”, pregunta Lucas Rocha Furtado, en su representación.El fiscal general adjunto también refuerza que es "evidente que la ley electoral prohíbe la implementación de nuevos beneficios en el año en que se realizan las elecciones precisamente para evitar que los candidatos utilicen la máquina pública. de la ley electoral, la motivación del gasto seguirá siendo viciadoTriste ver la famosa 'vía brasileña' incluso en la creación de beneficios y el incumplimiento de la ley".Furtado destaca que “el uso de recursos públicos para la autopromoción de un agente público no solo viola los principios de moralidad e impersonalidad, sino que además está expresamente prohibido por la Constitución Federal” que la medida tiene un fin únicamente electoral.“Ya se acerca el período electoral para el ámbito federal, oportunidad que agudiza los intereses en los beneficios políticos que se obtienen a través de cualquier tipo de propaganda y posible apoyo, como sería el caso de crear un beneficio para los camioneros (bursa-caminhoneiro) para recibir apoyo dependiendo de los límites morales de los involucrados, puede existir la motivación de hacer pasar los gastos electorales por gastos técnicos”, declara.Además de pedir la suspensión del proyecto, el MP-TCU pide una evaluación de los gastos del gobierno con el proyecto, "ante una posible distorsión de la creación de gastos públicos, ya que, al parecer, apunta a lograr intereses personales". promoción del Presidente de la República en año electoral”.La medida forma parte de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que el gobierno pretende aprobar esta semana, con avance en el Senado y la Cámara, apoyada por las articulaciones de Centrão y el presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP- ALABAMA).La decisión de aceptar o no la representación del MP-TCU corresponde a la presidenta del tribunal, ministra Ana Arraes.