Entra las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la vinculación a proceso del exprocurador Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, están las declaraciones de detenidos que fueron torturados y exfuncionarios que falsificaron documentos, pero que no lo señalan directamente. 

Sin embargo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia apoyó la tesis de la Fiscalía de que Murillo Karam debió haber estar enterado que sus subordinados cometían delitos; por eso también consideran como pruebas las cuatro conferencias de prensa ofrecidas como procurador donde informó sobre la investigación de la desaparición de los estudiantes y dio a conocer la ‘verdad histórica’. 

Con esos argumentos, el juez dictó la vinculación a proceso este 24 de agosto y prisión preventiva justificada como medida cautelar que mantendrá a Jesús Murillo Karam en el Reclusorio Norte al menos los siguientes 90 días mientras continúa la investigación en el proceso. Mientras que su defensa, dijo, impugnará la resolución. 

Javier López, abogado del exfuncionario, argumentó que en la carpeta de investigación no existía ningún testimonio, víctima, ni ningún documento o prueba que señalaran a Murillo Karam como responsable de delitos. Además, “no se le atribuye tortura, se le atribuye supuestamente no haber denunciado una tortura, que es muy diferente y no se le atribuye la desaparición forzada, sino cuestiones relacionadas con la investigación”, precisó.

Aunque efectivamente en la enumeración de la Fiscalía no refirió ningún señalamiento directo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dijo que “escudriñando” podía encontrar elementos e indicios para que el proceso judicial continúe. Había hechos probados e indicios, requisitos suficientes para sustentar la vinculación a proceso. 

Entre los hechos estaba, por ejemplo, que sí ocurrieron las conferencias de prensa en las cuales, según la Fiscalía, el exprocurador prácticamente se inculpó, al informar el 4 de septiembre que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atraería la investigación de la desaparición de estudiantes y tanto él, como Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), asumían la titularidad de la investigación, y lo harían “con toda la fuerza del Estado”. 

Esa responsabilidad y esa frase, dijo la fiscal Lidia Bustamante, es la prueba de que la Procuraduría hizo todo, incluso la comisión de delitos, para fabricar la “verdad histórica”. El juez interpretó eso como que la PGR siguió dos líneas de investigación paralelas, una sobre lo que realmente ocurrió y otra para fraguar la verdad histórica. 

Otro “hecho” era la responsabilidad de Murillo Karam como servidor público, y como “prueba”, la Fiscalía ofreció el documento de nombramiento como procurador y el organigrama de la institución vigente en 2014, puesto que sus subordinados sí fueron acusados de haber cometido delitos, según declararon las víctimas.

Los testimonios más importantes ofrecidos por la FGR como prueba, señalan como perpetrador de tortura en contra de detenidos y de haber manipulado pruebas durante la investigación a Tomás Zerón, entonces subordinado de Murillo, y quien se encuentra prófugo en Israel, tras haberle girado una orden de aprehensión. 

Sin embargo, el actual gobierno le ofreció un “criterio de oportunidad”, es decir, declarar lo que sabe a cambio de beneficios procesales, pero que no aceptó, según había informado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el 18 de agosto. 

Como parte de las pesquisas del caso, la PGR detuvo a presuntos responsables en la madrugada del 28 de septiembre de 2014, y a quienes se les ha practicado el protocolo de Estambul que confirma que fueron víctimas de tortura. 

Uno de ellos, Agustín García Reyes, alias el Chereje, y a quien la Procuraduría lo señaló como integrante del grupo Guerreros Unidos, declaró que fue detenido en su casa a las 3 de la mañana. Sin embargo, horas antes, el 27 de septiembre a las 4 de la tarde, el procurador Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa donde informó que en ese momento estaban declarando los detenidos por el caso en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El entonces procurador mintió y “con dolo”, aseguró la Fiscalía. 

Además, durante la tarde del 28 de octubre, Tomás Zerón, sacó de los separos al detenido García Reyes para trasladarse con él en helicóptero al río San Juan, en Guerrero, donde le entregó unas bolsas negras y lo obligó a dejarlas mientras era grabado supuestamente explicando cómo había participado en la desaparición de cuerpos de los estudiantes. En su declaración aseguró que fue torturado por Zerón para que participara en este montaje y firmar una declaración inculpándose. 

Además, en la carpeta de investigación no había ningún elemento legal que justificara las detenciones, por lo que fabricaron una llamada telefónica en la que supuestamente se hacía una denuncia anónima que señalaba a esas personas, según lo declaró Ericka Ramírez, exfuncionaria de la PGR y quien también obtuvo un criterio de oportunidad. 

De acuerdo con su testimonio, su jefe, Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, le pidió hacer el oficio donde se acreditaba la llamada, con una fecha previa a ese día, para que “cuadrara” con las detenciones hechas previamente. 

Según la Fiscalía, dado que Tomás Zerón era subordinado directo de Murillo Karam, este tiene responsabilidad en los delitos por cuestión de jerarquía y porque dio la orden de ocupar “toda la Fuerza del Estado”, durante la conferencia de prensa del 6 de octubre. 

La declaración en video de García Reyes y otros detenidos fueron presentadas en la conferencia del 7 de noviembre de 2014. En las grabaciones se observan sin defensor legal asistiéndolos, como lo prevé la ley. Además, Bernardo Cano Muñoz, exsecretario particular de Tomás Zerón, y quien grabó dichos videos, después de obtener un criterio de oportunidad, declaró que efectivamente hubo actos de tortura para obtener las declaraciones. 

“Murillo Karam debió saber la forma en la que obtuvieron las declaraciones”, dijo la Fiscalía, y como especialista en Derecho, debió saber que era un acto irregular que el detenido no tuviera asistencia legal, agregó la Daniela Aguirre, asesora legal de los sobrevivientes de tortura, durante la audiencia. 

Esto, dijo el juez Fuerte Tapia, son pruebas que sí hubo tortura, pues existen los dictámenes que acreditan los tratos degradantes que sufrieron los detenidos; y de los delitos contra la administración de justicia, pues el traslado del detenido al río San Juan fue un acto “irregular”, y en el que “no se aseguró una cadena de custodia de las pruebas” y “se trastocó la escena del crimen”.  

Por lo tanto, consideró el juez, el exprocurador “tuvo conocimiento de la tortura y no denunció, por lo tanto lo consintió”. 

Para acreditar la desaparición forzada, la Fiscalía presentó como prueba la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 en la que el exprocurador Murillo Karam informó la ‘verdad histórica’, es decir, la conclusión de la investigación, y en la que expuso que los estudiantes habían sido asesinados y incinerados en el basurero de Cocula y sus restos dejados en el río San Juan. 

Al dar carpetazo a la investigación, impidió que se abrieran más líneas de investigación para dar con el paradero de los estudiantes, argumento de la FGR que el juez secundó. “Propició que se ocultara el paradero, por lo que esa acción tuvo impacto, pues a la postre, no se conoce el paradero (…)”, dijo el juez al considerarlo como prueba para el delito de desaparición forzada. 

La conferencia de prensa era la culminación de la “fabricación” de la ‘verdad histórica’, que había comenzado con una reunión de “alto nivel”, ocurrida el 7 de octubre de 2014, dos días después de que la PGR atrajo la investigación. Fue encabezada por Murillo Karam, y estaba Tomás Zerón; Gualberto Ramírez Gutiérrez, de la SEIDO, y Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero. 

Así lo declaró Bernardo Cano Muñoz, entonces secretario particular de Zerón, pero no estuvo presente en toda la reunión porque lo sacaron en cuanto llegó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. 

Sin embargo, la FGR argumentó en audiencia que en esa reunión se había fraguado la “verdad histórica”, puesto que ocurrió inmediatamente después de que la PGR atrajo la investigación y posterior a ella, ocurrieron los presuntos delitos que sirvieron para sostenerla. 

El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.

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