BRASÍLIA - El Ministerio Público ante el Tribunal Federal de Cuentas (MP-TCU) presentó una representación ante el tribunal para solicitar la suspensión del programa que el gobierno federal pretende crear para ofrecer un "asignación de camiones", con una transferencia mensual de Rs. $ 1,000 para diciembre de este año.El vicefiscal general Lucas Rocha Furtado, autor de la solicitud, pide que, como principio de precaución, se impida al gobierno de Bolsonaro crear el programa, hasta que el TCU se pronuncie definitivamente al respecto.La solicitud se basa en un informe publicado por Estadão, que reveló que el gobierno actualmente no tiene ninguna base de datos sólida y consolidada para definir qué camionero, después de todo, podría recibir las tarifas mensuales.TCU auditará sistema de denuncias y de combate al acoso de la CaixaComo mostró el informe, el gobierno pretende basarse en un registro genérico de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) que incluso incluye registros de vehículos más pequeños, como kombi y camioneta, lo que podría abrir espacio para una serie de fraudes.Sucede que el Registro Nacional de Transportistas de Carga por Carretera (RNTRC), creado por ley en 2007, sólo pretende ser un referente sobre la estructura de transporte nacional en operación en el país, es decir, basar el gobierno en la capacidad promedio de las mercancías que circulan por las carreteras.Los datos no son actualizados por la agencia desde 2017 y no requieren revalidación por parte de los conductores que se encuentran en actividad.El registro en el sistema se realiza a través de Internet por el propio trabajador, oa través de los sindicatos que representan al camionero, sin requerir información detallada y sin monitorear sus servicios.En la práctica, existe una gran posibilidad de que miles de personas que tienen datos activos en el registro incluso hayan dejado la actividad hace años.Por otro lado, puede haber profesionales que hayan comenzado recientemente a trabajar con el transporte de carga, pero aún no se hayan dado de alta.“Cabe señalar la total desconexión entre el gasto ahora denunciado y los principios de eficiencia y motivación.¿Cómo aceptar un gran gasto sin al menos una base de datos confiable y actualizada?¿Cómo aceptar altos gastos en un año electoral en un supuesto intento de obtener ventajas en la campaña presidencial?”, se pregunta Lucas Rocha Furtado, en su representación.El vicefiscal general también refuerza que es “evidente que la ley electoral prohíba la implementación de nuevos beneficios en el año de las elecciones precisamente para evitar que los candidatos utilicen la maquinaria pública.“Incluso si se utilizan subterfugios para evadir las restricciones de la ley electoral, la motivación del gasto seguirá viciada.Triste ver la famosa 'vía brasileña' incluso en la creación de beneficios y el incumplimiento de la ley”.Furtado destaca que “el uso de recursos públicos para la autopromoción de un agente público no solo viola los principios de moralidad e impersonalidad, sino que además está expresamente prohibido por la Constitución Federal” que la medida tiene un fin únicamente electoral.“Ya se acerca el período electoral para el ámbito federal, oportunidad que agudiza los intereses en los beneficios políticos obtenidos a través de cualquier tipo de propaganda y apoyo posible, como sería el caso de crear un beneficio para camioneros (bursa-caminhoneiro) para para recibir apoyo de la clase.Dependiendo de los límites morales de los involucrados, puede existir la motivación de hacer pasar los gastos electorales por gastos técnicos”, declara.Además de pedir la suspensión del proyecto, el MP-TCU pide una valoración de los gastos del gobierno con el proyecto, “ante una posible distorsión de la creación del gasto público, ya que, al parecer, apunta a lograr intereses personales”. promoción del Presidente de la República en año electoral”.La medida forma parte de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que el gobierno pretende aprobar esta semana, con avance en el Senado y la Cámara, apoyada por las articulaciones de Centrão y el presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP- ALABAMA).La decisión de aceptar o no la representación del MP-TCU corresponde a la presidenta del tribunal, ministra Ana Arraes.¿Encontraste un error?Entre en contactoLos comentarios son exclusivos para los suscriptores de Estadão.Estadão ya no es compatible con Internet Explorer 9 o anterior.Haga clic aquí para aprender más.